X - EL LABERINTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS

Como  ya hemos dicho, no va a ser nada fácil el cumplimiento íntegro de la Sentencia.

De entrada, los dos años y medio transcurridos en los que la Junta de Andalucía ha destrozado la organización y eficacia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, van a ser un lastre del que no nos vamos a salvar.

Hasta los conductores o atletas más preparados no pueden recorrer marcha atrás lo avanzado con anterioridad, las curvas y obstáculos se tornan insalvables y se choca una y otra vez en el camino. Esta situación es aún peor, "caminante no hay camino se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar", qué equivocado estaba Machado, esa senda se ha de volver a pisar, pero de espaldas.

El principal escollo será el económico, con las transferencias iba incluida una partida económica muy importante, el Estado y la Unión Europea le inyectaba muchos fondos por esta gestión, además de lo recaudado por la Agencia Andaluza del Agua. Este dinero iba directo a la CAJA ÚNICA de la Junta de Andalucía, es decir, la Junta sólo tiene un cajón en el que guarda el dinero que ingresa y del que saca el que gasta. De ese modo, el dinero obtenido por el Guadalquivir ha podido servir para pagar nóminas de otras Consejerías, carreteras, fondos de formación, los EREs e incluso el famoso "fondo de reptiles".

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir funcionaba y funciona de otro modo, al ser Organismo Autónomo, el dinero que ingresa va a sus arcas de las cuales detrae las cantidades que destina exclusivamente a la gestión de la Cuenca, no puede tener pérdidas y su carácter inversor en infraestructuras es muy notable dado que los ingresos son importantes, de hecho, tal y como publicamos en una entrada anterior, el PP pide la dimisión o cese de Juan Paniagua porque no se han acometido las obras necesarias y el presupuesto se ha dilapidado en no se sabe muy bien qué, posiblemente en el 3,5 % que EGMASA cobraba de comisión de todas las obras o contratos.

Ahora hay que ajustar cuentas, el dinero que se ha ingresado ha de aparecer y de este se descontará lo gastado que esté justificado, el balance es abrumador del dinero que la Junta deberá de devolver al Estado, aunque seguro que meterán facturas y gastos de cualquier naturaleza, tengan o no que ver, reales o ficticios, para rebajar esa cantidad.

Las concesiones, autorizaciones, etc. deberán de ser revisadas, el Estado, en condiciones normales, asumirá lo actuado firmando encima, se tragará las barbaridades realizadas.

El personal deberá de volver, la RPT que se transfería y se publicó en el RD 1666/2008 (ver DOCUMENTO)  con las modificaciones posteriores deberá de volver a su punto de salida, pero evidentemente en otras condiciones. Es conocida la invasión de mandos de la Junta que se quedarán en ella y la guerra particular que los Ingenieros llevaron a cabo contra la Junta, esa guerra que se llevó por delante a Jaime Palop y su equipo. Por ejemplo, en Sevilla quedó un único Ingeniero en Explotación, los otros se jubilaron.

Esas RPT están muy diferentes tras estos dos años y medio, plazas que antes estaban vacantes ahora están ocupadas por el personal de la Junta de Andalucía (personal trasladado de otras Consejerías, contratos de interinidad, temporales,..), habrá que ver que valor tiene y si el Estado asume estos movimientos, y si los sindicatos de la AGE lo aceptan, no han entrado conforme establece el III Convenio Único. Otra que se tendrán que tragar.

En fin, un jaleo descomunal de papeleo que puede durar meses, una oportunidad histórica para que la Junta le meta al Estado un gol incluyendo todo lo imaginable e inimaginable porque sin no se pueden quedar con el Guadalquivir, le van a dejar una cicatriz que tardará tiempo en cerrar, y todo por la connivencia del Gobierno Central y el de la Junta de Andalucía, todo por el interés del PSOE en enterrar este estercolero que huele a putrefacción y dejar a salvo sus intereses particulares, un estercolero que a los ciudadanos nos costará cientos de millones de euros y que, como siempre, aceptaremos como algo normal.