IV - HABLA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El 16 de marzo de 2011, el Pleno del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura en contra del artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, DECLARÁNDOLO NULO POR SER CONTRARIO AL ARTÍCULO 149.1.22 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ver DOCUMENTO), esta Sentencia es publicada el el BOE del 11 de abril de 2011.

El 17 de marzo de 2011, el Pleno del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura en contra del artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía para Castilla y León, DECLARÁNDOLO NULO POR SER CONTRARIO AL ARTÍCULO 149.1.22 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ver DOCUMENTO), esta Sentencia es publicada el el BOE del 11 de abril de 2011.

En ambas Sentencias, el Tribunal Constitucional reconoce que la gestión de las cuencas supracomunitarias o intercomunitarias (aquellas que discurran por más de una Comunidad Autónoma) es EXCLUSIVA del Estado, es decir, que no puede ni ser compartida.

La noticia de estas Sentencias, tan predecibles como claras para muchos y reputados juristas, pilla a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, para no variar, sesteando, y para salir del agobio, alguna mente brillante de las que tanto abundan en los políticos de estas Administraciones, se inventan una ENCOMIENDA DE GESTIÓN PROVISIONAL (ver DOCUMENTO)en lo que preparan algún apaño buscando resquicios en la Sentencia del TC que suponga quedarse con el Guadalquivir.

Además, se les une que andan liados con la Reordenación del Sector Público que empezó con el Real Decreto 5/2010, siguió con el Real Decreto 6/2010 y remató con la Ley 1/2011 y las movilizaciones, broncas y actos de los empleados de la Agencia Andaluza del Agua, fundamentalmente los transferidos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que hasta esa fecha la paz social para unos o sumisión para otros, ha sido ejemplar. Hay que recordar que esta Reordenación, fundamentalmente, ha sido la puntilla de los sindicatos UGT y CCOO en la Junta de Andalucía, quedando relegados a presencias testimoniales en la mayoría de las Consejerías.