El Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo de prorrogar durante 15 días la Encomienda de Gestión del Guadalquivir, en estos 15 días intentarán, y conseguirán, limar aquellas asperezas que han surgido a última hora.
El acuerdo es el fruto del desacuerdo.
Según manifiestan los responsables de la Junta, los del Estado no han dicho ni pío, el desacuerdo surge porque a última hora el Estado ha puesto sobre la mesa asuntos que hasta entonces no había planteado.
Parece ser, según se va leyendo en los medios y por las declaraciones de los “junteros”, principalmente Mar Moreno, que las discrepancias surgen en cuatro puntos:
- Los cánones
- Los embalses
- Las sanciones
- La pasta
Todo apunta a que lo ocurrido entre el miércoles y el jueves tiene mucho que ver en el cambio de postura del Estado, porque hay un cambio, no hay más que remitirse a las informaciones facilitadas en las reuniones del Ministerio por parte de responsables del mismo en las que se incluían nombres de embalses y las cifras eran esclarecedoras.
A lo largo de la mañana del miércoles, la información que nos llega es que en las reuniones “bilaterales” entre el Estado y la Junta de esa misma mañana, el porcentaje de trabajadores que se irían a la Junta se había elevado hasta el 67%, quedando un 33% en el Estado, un notable incremento de más de 9 puntos respecto a lo informado en Madrid unos días antes (recordamos que ahí se manifestó que se quedarían en el Estado un 34 % de funcionarios y un 45,7 % de laborales, lo que hacía un 42,4 % total).
Pero el miércoles fue muy esclarecedor. La comparecencia en la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía de los Agentes Sociales con relación a la proposición de Ley para la delegación de competencias del Guadalquivir hizo plantearse muy seriamente al Gobierno el futuro de la negociación en curso. La inquebrantable postura de colectivos tan poderosos como ASAJA, FERAGUA, Federación de Regantes del Mediterráneo Andaluz, WWW ADENA, GREENPEACE y Ecologistas en Acción, de otros tan vehementes y ruidosos como la PEP-A y el Colectivo de Empleados Públicos afectados por el RD 1666/2008, o de otros tan representativos como CSI-F y SAFJA, hace que los políticos confirmen que la batalla judicial estaba tan garantizada como perdida. El tiro de gracia lo pegan UGT y CCOO en una declaración conjunta criticando la modificación de la Ley de Aguas y defendiendo la unidad de las cuencas hidrográficas (al responsable de CCOO que compareció en esa Comisión Parlamentaria le dejaron vendido, a la misma hora su exposición iba en otra línea).
A las reuniones bilaterales asisten técnicos politizados o políticos directamente, los técnicos puros en materias de aguas ven absurda la ruptura de la unidad de la cuenca, pero cuando los servicios jurídicos del Estado reciben las propuestas de esa Comisión y han de basarla legalmente, “ponencia técnica” le llaman, informan de la imposibilidad de justificar lo contrario de lo mandatado por el Tribunal Constitucional. Ahí esto se cae.
OTRO MODO DE VER LAS COSAS
La prórroga es por 15 días, hasta el 22 de octubre.
Las diferencias son importantes, tan importantes que han impedido la firma del acuerdo en plazo. En estos 15 días se reunirán y la Junta de Andalucía presionará todo lo que pueda para modificar la postura del Estado.
Pero puede ser una gran mentira. Supongamos que el PSOE tiene pactado este capítulo, que esto es una escena más dentro de la comedia, supongamos que llegamos al día 22 y finalmente firman un acuerdo mediante el cual le concedan a Andalucía la gestión de algunos cánones, embalses y sanciones.
Estaríamos a 28 días de unas elecciones generales, a 13 días del inicio de una campaña electoral y ya en plena precampaña. El PSOE vende su acuerdo en Andalucía, recupera terreno para las generales y prepara el camino para las autonómicas, en el resto de España esto no se verá bien, pero tampoco preocupa tanto para ser eje de la campaña, aquí sí, aquí políticamente se vende el nacionalismo radical que impone sus intereses contra el resto como “andalucismo”.
Acaban las elecciones y gana el PP, el acuerdo es imposible mantenerlo, o se retira o lo tumban los tribunales con la dificultad que supondría deshacer lo hecho de nuevo, es de suponer que si se produce otra sentencia en este asunto será mucho más dura por el incumplimiento de lo dictado por las anteriores sentencias, el PP es antiandaluz, las autonómicas están encima y la carrera se presenta abierta para el PSOE. Griñán dilatará al máximo su mandato para mantener en posición comprometida al Gobierno de la Nación.
Al contrario, el PP no gana y es el PSOE y sus socios son los que forman mayoría, el acuerdo habrán de tumbarlo los tribunales, las elecciones en Andalucía se convocan de inmediato para no dar tiempo a reaccionar a la Justicia, la gestión del Guadalquivir será la gran vedette de su campaña.
Saben que es insostenible, saben que a los contribuyentes nos costará un potosí este juego, pero les da igual, el ansia de poder es irracional.
El enfrentamiento entre Griñán y Chaves es evidente, el pulso por el liderazgo de Andalucía lo lleva ganado Chaves, pero no por ello se van a inmolar, escenificar un desencuentro es fácil, corran lo que corran, el partido acabará 1-1, está amañado y todos lo sabemos.
Y mientras tanto, LOS CONCURSOS SIGUEN INALTERADOS, siguen ampliando las expectativas de los trabajadores sin pensar en que detrás de cada uno, hay una vida.
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