XXIII - ILEGALES, PREPOTENTES Y DESCARADOS

En anteriores entradas poníamos de manifiesto la absoluta desvergüenza del estamento político, en este caso de los del PSOE.

Decíamos que con relación al asunto del Guadalquivir (entre otros) la huída del Estado del Derecho era absoluta y que no se entendía como el Gobierno y la Junta de Andalucía se plantaban posicionándose en contra de las decisiones judiciales incumpliendo por lo tanto la legalidad establecida.

Desde que se dictó la Sentencia del Tribunal Constitucional anulando el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, allá por marzo, han sucedido muchas cosas.

En primer lugar, la Encomienda de Gestión por 6 meses del 7 de abril que está a punto de expirar, Encomienda cuestionada por todos y cada uno de los profesionales del Derecho que se han pronunciado a excepción de los que forman parte de los servicios jurídicos del Estado, de la Junta de Andalucía y los del PSOE, que parecen ser los mismos.

Esta Encomienda, creada para salir del caos que suponía la situación del Guadalquivir tras las transferencias del 1 de enero de 2009 y lavar la cara a los políticos, ya preveía la que se avecinaba cuando el Supremo se pronunciase y suponía un auténtico atentado contra el Estado de Derecho ya que se dicta para eludir el cumplimiento de la Sentencia, en la cual viene a recogerse la ilegalidad que supone que una cuenca intercomunitaria sea gestionada por una Administración autonómica en detrimento de otras y que la gestión corresponde exclusivamente al Estado, con la Encomienda se burla descaradamente la decisión del más alto tribunal español.

Y como lo que está por venir, viene, el Supremo en junio dicta tres sentencias anulando el Real Decreto de las transferencias, algo más que previsible tras el pronunciamiento del Constitucional. Ahora sí que el caos es absoluto ya que la disposición legal que sostiene esta transferencia desaparece del compendio de leyes y decretos que rigen este país y, en consecuencia, muchos de los actos (podrían ser todos) dictados por la Junta se consideran nulos por vicio de incompetencia, la Junta nunca ha podido sancionar porque no entraba en sus responsabilidades y competencias.

Dictadas las sentencias, ya decimos que en junio, llegamos al mes de octubre y el Estado no ha cumplido con lo dictado por los jueces, “está en ello”, algo que para cualquier persona con dos dedos de frente entiende como un flagrante delito de desacato que para el común de los mortales está penado por la Ley.

Esto viene a confirmar que en realidad no somos todos iguales ante la Ley o que al menos, no todos estamos sometidos a la misma presión judicial y eso es, en definitiva, un quebrantamiento del Estado de Derecho cometido por uno de los poderes del Estado, el EJECUTIVO, el que ha de hacer cumplir las Leyes, esto supone un enfrentamiento radical con otro de los poderes, el JUDICIAL, que es el encargado de interpretarlas con armonía e imparcialidad.

Pero no queda ahí , en lugar de reconocer su error, que sería tan fácil como decir: “creíamos que era Constitucional y nos equivocamos, no pasa nada, volvemos a la situación original y punto, cualquiera puede equivocarse por lo que pedimos disculpas y seguimos trabajando”, con lo que la ciudadanía apreciaría voluntad, sinceridad y el sometimiento al imperio de la Ley, incumplen las Sentencias, siguen dejando que la Junta de Andalucía gestione 3 meses y medio después de las sentencias que anulan el Real Decreto de Transferencias y 7 meses después de que el Constitucional dejase claro que es el Estado el único que puede y debe gestionar la cuenca del Guadalquivir y negocian, a espaldas de todo el mundo: trabajadores, sindicatos, regantes, usuarios, resto de fuerzas políticas, parlamentos, …. la manera de volver a burlar a la justicia, de volver a dinamitar el Estado de Derecho, de volver a imponer posiciones e intereses particulares por encima de los generales, en definitiva, de mearnos encima a todos los españoles.

Esto no es una apreciación, es un hecho el cual, en el mayor desafío y descaro que jamás he visto en Andalucía (en Cataluña o País Vasco estamos acostumbrado a oír barbaridades a los independistas, que a fin de cuentas no se esconden de sus pretensiones), he de asistir atónito a las declaraciones de una persona considerada entre las más sensatas del entorno en el que habita, Fuensanta Coves, presidenta del Parlamento Andaluz.

Pues bien, la más coherente y sensata del grupo (después de esto más bien cuchipanda) concede una entrevista que es publicada los días 10 y 11 de septiembre en diversos medios (VER ENTREVISTA). Extraigo una pregunta y una respuesta especialmente interesantes:

“PERIODISTA: El Guadalquivir vuelve al Parlamento. ¿Qué sintió cuando conoció la sentencia del Constitucional?

FUENSANTA COVES: Fue una gran decepción. Pensábamos que si el Estatuto fue aprobado por todos los grupos en el Parlamento y en el Congreso era plenamente constitucional. Ahora veo correcto el planteamiento de llegar a lo mismo por otra vía distinta.”

En román paladino: creíamos que era constitucional, pero como nos han dicho que no lo es, vamos a hacer lo mismo pero de otra forma, ahora lo hacemos por delegación de competencias (proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía y que ha sido objeto de otra entrada anterior y cuyo texto figura en DOCUMENTOS), en definitiva, como diría la Esteban, ¡¡ME LO QUEDO!!.

Me parece un auténtico ejercicio de prepotencia, de desfachatez y de saberse por encima de la Ley, si es ilegal que la Junta gestione la cuenca porque es exclusivo del Estado, si los tribunales te han dicho que esta gestión no puede ni ser compartida y mantienes que lo vas a hacer lo mismo, aunque de otra manera, estás promulgando la insumisión al ordenamiento jurídico, ¿hay alguien en este país que tiene la capacidad de imponer formulas legales para cometer ilegalidades? Eso ocurre en las dictaduras más rancias, no debería de ocurrir en una Democracia porque la imagen para el ciudadano y para los inversores exteriores es de absoluta inseguridad.

Pero, además, por si esto no es suficiente, su postulado ante las rabietas de los otros cuando no les gusta algo es rotunda:

“PERIODISTA: El PP la acusa de sectaria.

FUENSANTA COVES: Cada vez me preocupa menos. Cuando en un partido a un equipo no le gusta cómo va, cuestiona al árbitro. Es una actitud de un mal jugador o entrenador. Y eso pasa en el PP, que cuando no le gusta cómo transcurre un pleno, trata de reventarlo, como aquel de julio."

Amiga Fuensanta, “compañera”, prefiero mil veces que cuestionen al árbitro a que me cambien las reglas a mitad del partido.

Amiga, Fuensanta, “compañera”, prefiero mil veces que me revienten un pleno cuando no les guste a que me cambien una Ley, o hagan una nueva o incumplan resoluciones judiciales cuando no les beneficie a sus intereses.

Digo, absolutamente convencido, que estos politicastros modernos con su actuación, están haciendo bueno a Franco, a Fidel Castro, a Gadafi, a Jomeini, a Sadam Huseim..... a cualquier dictador que ejercía como tal sin el disfraz de una falsa democracia.