XX – EL ESTADO SE DESMELENA Y RETA AL ESTADO DE DERECHO CON LAS TRANSFERENCIAS

Tras un necesario paréntesis, retomamos con la misma ilusión este blog.

En el tiempo transcurrido desde la última entrada, se ha producido tanto movimiento, tan rápido y tan imprevisible, que seguir la noticia al minuto se he tornado imposible sin entrar en una especie de catarsis mental ya que unas contradecían abiertamente a las otras.

                 

Lamentablemente, seguimos en una gruta oscura en cuanto a la información de la Junta, del Estado o de los sindicatos, sólo sabemos que no queda mucho para llegar a la salida pero no tenemos ni idea de dónde vamos a salir, ¿a un río? ¿a un precipicio? ¿al centro de la tierra?

Vamos a contar lo que sí es seguro: VAN A HACER LO QUE LES SALGA DE LOS COJONES

Algo es algo, el inicio lo tenemos claro, ni leyes, ni sentencias del Constitucional, ni sentencias del Supremo, ni el clamor popular, ni lógica alguna, nada mueve los intereses electorales y políticos de esta panda de impresentables.

Sabemos que, como los tribunales les tumban por ser contrario a la Ley una tras otra vez la competencia autonómica de la policía del dominio público hidráulico y eso mueve votos y dinero, pues lo arreglan fácil, cambian la Ley y punto, ahora sí la cumplen y que los jueces sigan tragando, ahí está el Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 de agosto para demostrarlo (VER DOCUMENTO).

Pero no acaba ahí el desatino, ahora también van a gestionar presas, ¡tocaté la vaina!, a pesar de que el Constitucional no es que haya sido claro, ha sido demoledor en lo que se refiere a la gestión de los ríos intercomunitarios, hago lo que me da la gana:

“ En consecuencia, resulta inexcusable que este Tribunal se pronuncie sobre el contenido y alcance de la competencia exclusiva estatal en materia de aguas establecida en el art. 149.1.22 CE y la incidencia que la asunción de competencias autonómicas que se contiene en el art. 51 EAAnd tiene en el alcance de la referida competencia estatal.”

"por el contrario, el criterio de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en atención al conjunto de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al territorio de más de una Comunidad Autónoma, son manifiestamente supracomunitarios», de modo que «es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea» (STC 227/1988, FJ 15).”

“En definitiva, hemos de concluir que el conjunto de esos intereses «manifiestamente supracomunitarios», «debe ser gestionado de forma homogénea», lo que excluye la viabilidad constitucional de la compartimentación del «régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad Autónoma» (STC 227/1988, de 29 de noviembre FJ 15). «por el contrario, el criterio de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en atención al conjunto de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al territorio de más de una Comunidad Autónoma, son manifiestamente supracomunitarios», de modo que «es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea» (STC 227/1988, FJ 15).”

“compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad Autónoma, pues es evidente que los usos y aprovechamientos que se realicen en el territorio de una de ellas condicionan las posibilidades de utilización de los caudales de los mismos cauces, principales y accesorios, cuando atraviesan el de otras Comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunitarios. Este condicionamiento, por lo demás, no sólo se produce aguas arriba en perjuicio de los territorios por los que una corriente desemboca en el mar, sino también aguas abajo, en posible perjuicio de los territorios donde nace o por donde transcurre, ya que la concesión de caudales implica en todo caso el respeto a los derechos preexistentes, de manera que los aprovechamientos concedidos en el tramo inferior o final de un curso pueden impedir o menoscabar las facultades de utilización de las aguas en tramos superiores. Por el contrario, el criterio de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en atención al conjunto de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al territorio de más de una Comunidad Autónoma, son manifiestamente supracomunitarios. Desde un punto de vista técnico, es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea… Así lo pone de manifiesto la experiencia internacional sobre la materia:”

“de modo que «es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea» (STC 227/1988, FJ 15).”

“como hemos señalado en el fundamento jurídico 7 de esta Sentencia, el legislador estatal no puede redefinir las competencias exclusivas del Estado en relación con una cuenca hidrográfica supracomunitaria, como es la del Guadalquivir, mediante un entendimiento fragmentador de la cuenca que conduzca a «compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad Autónoma» (STC 227/1988, FJ 15).”

Esas, entre otra lindezas, pues parece insuficiente, el Gobierno Central, hábilmente defendido y representado por MANUEL CHAVES (Ministro de Política Territorial y Administración Pública), su inseparable GASPAR ZARRÍAS (Secretario de Estado de Política Territorial) y la reconducida ROSA AGUILAR (Ministra de Medio Ambiente, y medio Rural y Marino), en la reunión de la comisión bilateral con la Junta de Andalucía del pasado día 16 de septiembre, no solo concede lo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pedía, sino que lo aumenta incluyendo “determinadas presas” (VER ENLACE CONSEJO GOBIERNO   y  VER ENLACE  COMISIÓN BILATERAL).

Tras el atraco, ahora toca repartir el botín, y eso está siendo especialmente delicado, tiene que parecer legal aunque saben que los tribunales se lo van a volver a tumbar con total seguridad, pero eso será otra historia, ¡que se apañe Rajoy!.

Como la información es escasa, os doy dos de las vías que están barajando:

·         Transferir a la Junta de Andalucía los embalses dejando al Estado los 15 embalses de Regulación General (VER EMBALSES DE REGULACION GENERAL)

·         Transferir a la Junta de Andalucía los embalses situado en el margen izquierdo del río Guadalquivir (mirando de nacimiento a desembocadura) ya que estos no lindan ni afectan a otras comunidades, es el margen derecho el que linda con Extremadura y Castilla la Mancha.

¿Tiene fundamento alguna de las hipótesis? NO, la unidad de cuenca no entiende de márgenes derechos o izquierdos, todas las presas regulan y parte de Castilla la Mancha y Murcia, que también es parte de la cuenca, están en el margen izquierdo.

Lo que está claro es que la Guardería Fluvial se va a la Junta, ¿cuándo? En buena lid seguirán “encomendados” hasta producirse el nuevo Real Decreto de Transferencias, y así con el SAIH, la Comisaría de Aguas y más de la mitad de los puestos de las oficinas.

La cuestión, aparte de lo absurdo e ilegal de la decisión, es cómo la van a hacer.

El próximo viernes se producirá la última reunión del Consejo de Ministros en el que tendrán que aprobar algo de este asunto. Hagan lo que hagan (el Real Decreto de Transferencias no lo pueden hacer en ese plazo y hay que hacer otro para Cataluña y otro para Aragón por la Policía del Dominio Público hidráulico) será una chapuza y muy probablemente celebrada en FRAUDE DE LEY (aquel acto que se realiza con el fin de evitar las leyes o decisiones judiciales), se plantea como muy avanzada la posibilidad de volver a encomendar la gestión de determinadas actividades e incluso una prórroga de la actual, lo dicho, EN FRAUDE DE LEY.

No finalizo sin hacer una mención a las próximas elecciones, están afectando y mucho a agravar la situación. El PSOE da por perdido el 20-N, el gobierno central pasará SI o SI a manos del Partido Popular que contará con una amplia mayoría absoluta, el PSOE ya está poniendo zancadillas para las elecciones del 2015, sino ¿a qué se debe reconocer una deuda, ahora, de 1372 millones de euros del Estado para con Andalucía que deberá de pagarse en los próximos ejercicios?.

El Gobierno central lo dan por perdido, pero no así la Junta de Andalucía. Tienen entre ceja y ceja el desbancar (junto con Izquierda Unida) al PP de la Casa Rosa, para ello no han dudado en separar las elecciones y llevarlas, más que probablemente, a abril o mayo, agotar hasta el límite legal la Legislatura. ¿Por qué? Sencillo, quieren tiempo para poder atacar al PP de antiandalucismo: no pagan deuda, no nos dan los solares, no ceden en el Guadalquivir,…., es su única opción, esa y ampliar a capricho en los territorios afines el número de parlamentarios para elevar la mayoría absoluta y evitar el gobierno popular, puro FASCISMO.

Por último, lo de la voluntariedad de permanecer en el Estado o en la Junta podrá valer para el personal de oficina ya que los puestos son más genéricos, pero para el personal de Guardería y el de Presas esta voluntariedad es una quimera, los primeros de cabeza a la Junta y los segundos dependerán de dónde queda su Presa, no hay vuelta de hoja, podrán, si no es inmediato el cambio, habilitar algún tipo de traslados, permutas o lo que sea para que aquellos trabajadores que no estén conformes SE PUEDAN MOVER, podrán, pero no es fácil.